Por: El Churo @elchuro

En el contexto del periodido de sesiones 167 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Bogotá, organizaciones de comunicación comunitaria y derechos humanos de Ecuador presentaron información a la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión sobre la situación de los medios comunitarios, las reformas a la Ley de Comunicación y el peligro de suspender el concurso de frecuencias de radio y televisión en Ecuador.

En la reunión abierta de las comisionadas y comisionados de la CIDH con sociedad civil, Ana María Acosta, de El Churo expuso varias de las preocupaciones en cuanto a la Libertad de Expresión y el Derecho a la Comunicación desde la mirada del sector comunitario.

“Queremos que en las discusiones de reformas a la Ley de Comunicación sea escuchada la voz de la comunicación comunitaria” dijo Ana Acosta, frente a la presidenta de la CIDH Margarette May Macaulay, el Relator para la Libertad de Expresión Edison Lanza, y las comisionadas y comisionados de la CIDH.  Además, expresó su preocupación de que el Concurso de Frecuencias esté detenido por el informe de la Contraloría ya que “existen varias propuestas de nuevos medios comunitarios que están concursando y si el concurso de suspende no podrán acceder a una frecuencia comunitaria”.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, EL Churo y la Coalición de Comunicación Comunitaria y Medios Comunitarios, conformada por trece organizaciones y sus medios comunitarios, elaboraron un documento con información para la Relatoría de la Libertad de Expresión. En este documento se expresa el peligro para la democratización de la comunicación que se elimine a los medios comunitarios de la legislación y que se quite la distribución equitativa de frecuencias donde se garantiza el 34% para medios comunitarios.

 Además el documento brinda datos sobre los mecanismos de concentración de frecuencias que han tenido los grupos económicos y las iglesias, por lo que expresaron su preocupación de que los grupos religiosos, cuyo objetivo es evangelizar, sean incluidos dentro del sector comunitario y reciban las mismas políticas de Acción Afirmativa “las políticas de acción afirmativa para medios comunitarios buscan equiparar las desigualdades. Las Iglesias siempre han sido un sector privilegiado”

Ante esto el relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, expresó su compromiso para brindar la asistencia técnica para las reformas a la Ley de Comunicación en Ecuador y promover la participación de las radios comunitarias “las radios comunitaras son un actor importante en la región, aquellas radios representadas por pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, comunidad LGBTI, entre otras, tanto para las mismas comunidades como para el fortalecimiento de la democracia” Por lo que ratificó su compromiso con las radios comunitarias de Ecuador y de Améria Latina.

Harold Burbano, de la Fundación INREDH, recordó la importancia de que la relatoría de la Libertad de Expresión garantice el ejercicio del derecho a la protesta como un derecho de expresión. Ante esto el Relator Edison Lanza, manifestó que la relatoría presentará un informe sobre el derecho a la protesta en la región para solicitar a los Estados brinden las garantías para que la protesta no sea judicializada. Sobre esto Harold Burbano recordó el caso de Julio García, periodista chileno- ecuatoriano quien murió asfixiado por gases lacrimógenos en las protestas contra el entonces presidente Lucio Gutierrez. Este caso se encuentra en la CIDH esperando el informe de fondo.

Ana Acosta, compartió con el Relator el caso del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, una organización que está participando en el Concurso de Frecuencias por una radio comunitaria en el guasmo de Guayaquil. Arcotel la descalificó argumentando que estaba operando de forma clandestina. El Relator manifestó su preocupación y pidió más información sobre este caso en particular.

Estas voces se unen a las propuestas que organizaciones de comunicación comunitaria como CIESPAL, ALER, Radialistas, SIGNIS, Corape, quienes expresaron en un comunicado sus propuestas a las posibles reformas de la ley y la necesidad de una amplia participación del sector comunitario de la comunicación en este proceso.