Ecuador, 3 de julio del 2018
Ante las recomendaciones emitidas por el informe de la Contraloría General del Estado, referido a los procesos de Concesión de Frecuencias para los servicios de radiodifusión y televisión analógica y digital, las organizaciones sociales, medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares, pueblos y nacionalidades, redes, instituciones nacionales y extranjeras, que conformamos el Sector Comunitario de la Comunicación, expresamos públicamente lo siguiente:
Vemos con profunda preocupación que este Informe disponga la anulación del Concurso Público de Frecuencias para medios de comunicación privados y comunitarios, convocado el 12 de abril de 2016. Consideramos que recomendar la anulación de este Concurso sigue postergando la aplicación de un real mecanismo que redistribuya las frecuencias el país, impidiendo así que el Sector Comunitario alcance el 34% del espectro radioeléctrico contemplado en la Ley de Comunicación.
Frente a esto, exigimos se respete un proceso de redistribución de frecuencias público, abierto, pues a pesar de limitaciones y fallas, es un mecanismo adecuado. El Concurso Público de Frecuencias, convocado en 2016, es el primer mecanismo abierto y público que se realiza en Ecuador para concesionar frecuencias de radio y televisión, donde participaron organizaciones sociales, comunidades, pueblos, pertenecientes al sector comunitario de la comunicación, que en su mayoría no han accedido a medios de comunicación antes.
De manera especial nos preocupan las observaciones realizadas a las Medidas de Acción Afirmativa dadas durante el Concurso a los Medios Comunitarios. El Informe de Contraloría concluye que el puntaje del 30% otorgado a medios comunitarios es “ilegal” por no estar señalado explícitamente en la Ley de Comunicación. Sin embargo, esta medida adoptada por ARCOTEL y CORDICOM cumplió con el mandato constitucional que, en el numeral 2 del artículo 11 de Constitución, faculta al Estado a adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad en favor de titulares de derecho que se encuentren en desigualdad. Además, este puntaje constituyó una de las pocas Acciones Afirmativas dadas a este sector, y estuvo claramente establecido en la normativa para el Concurso como son las Bases del Concurso y en el artículo 98 del Reglamento para Otorgar para Otorgar Títulos Habilitantes para Servicios de Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro radioeléctrico.
Al calificar de ilegales a las medidas de Acción Afirmativa otorgadas por CORDICOM y ARCOTEL, no solamente se afectan los legítimos derechos de quienes participaron de buena fue e incurrieron en gastos y esfuerzos de todo tipo en el concurso, sino que consideramos que a futuro se desalienta a estas instituciones y a sus funcionarios a tomar este tipo de medidas en favor de los grupos más vulnerables y que requieren acciones por parte del Estado para equiparar la desigualdad.
La recomendación 5 del Informe de Contraloría sobre el análisis caso por caso de solicitudes a las que ya se les otorgó una concesión, puede poner en riesgo las frecuencias ya entregadas a medios comunitarios, desconociendo además que la creación de medios comunitarios es un derecho consagrado en la Constitución.
Por otro lado, nuestra postura como pueblos, nacionalidades, organizaciones sociales y medios comunitarios y alternativos ha sido el permanente señalamiento sobre la necesidad de desmonopolizar y desconcentrar los medios de comunicación. Por ello, consideramos que la observación realizada por la Contraloría sobre “Concentración de frecuencias en 3 grupos” aporta a este cometido, pero no es suficiente. Las autoridades deben actuar generando un mecanismo que observe y revise el manejo del espectro radioeléctrico, implementando acciones reales de desconcentración y democratización de las frecuencias.
Creemos que la anulación del concurso y las observaciones sobre las Acciones Afirmativas, efectivizadas en puntajes extras para medios comunitarios, son un retroceso en derechos para el sector comunitario de la comunicación, impidiendo un real acceso a la creación de medios, y postergan la democratización de las frecuencias y la comunicación.
Ante esto, las organizaciones del Sector Comunitario nos convocamos para exigir el respecto a nuestros derechos y a estar vigilantes a las medidas que se tomen por parte del Estado respecto a la comunicación y el manejo de las frecuencias.
Firman:
- Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER
- Agencia Internacional de Noticias por la Paz y No violencia, Pressenza
- Asociación Católica de Comunicación, SIGNIS Ecuador
- Asociación Latinoamericana de Información, ALAI
- Asociación de Profesores – Facultad de Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador, FACSO.
- Asociación de Productores Audiovisuales Kichwas de Otavalo – APAK
- CIESPAL
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE
- Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuador, CONFENIAE
- Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE
- ECUARUNARI
- El Churo Comunicación
- Radialistas Apasionados y Apasionadas
- Lanceros Digitales
- Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios
- Centro de Juventudes de Esmeraldas, CJE
- Radio La Calle Habla – Esmeraldas
- Movimiento Juvenil Contracorriente
- Minga Social Comunicación
- Radio Jatari Kichwa – ACIA 92.3 FM – Pastaza
- Radio Kimsakocha – Azuay
- Radio Ampara Su 90.7 FM – Imbabura
- Ser Públicos Agencia de Comunicación, Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos
- Wambra Radio – Quito
- Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos de Sucumbíos Ecuador, APANAPSE